Palacio Legislativo, 05-04-2016 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron 25 iniciativas que reforman diversos ordenamientos de interés nacional.

Ley General de Transporte Urbano y Suburbano

Por el PVEM, la diputada Sofía González Torres (PVEM) presentó iniciativa para expedir la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano. Su finalidad, fomentar este tipo de transporte e integrar un fondo nacional operado por Banobras, que otorgará apoyos económicos a los proyectos de transporte que sean más amigables con el medio ambiente.

La mala calidad del aire trae consigo enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias e incluso algunos tipos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud en México se producen aproximadamente 9 mil 300 muertes al año por causas asociadas a la contaminación del aire. Los costos derivados de un transporte ineficiente y contaminante son altamente elevados. Se turnó a las comisiones unidas de Transporte y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Donación de órganos

A la Comisión de Salud se enviaron tres iniciativas en materia de donación de órganos. Una del diputado Carlos Lomelí Bolaños (Movimiento Ciudadano) que modifica el artículo 324 de la Ley General de Salud, a fin de precisar que habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa expresa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Otra de la legisladora Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), que busca adicionar un artículo 321 ter a la Ley General de Salud, para promover la cultura de donación de órganos y establecer que la Secretaría de Salud instruya en toda institución de salud, de manera obligada, la existencia de una cultura de la donación y, posteriormente, su ampliación y consolidación con el respeto irrestricto a los derechos y voluntad del donante.

Una más, del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN) que reforma los artículos 321, 322 y 324 de la Ley General de Salud, a fin de precisar elementos relativos a la donación expresa y consentimiento presunto de un donante; constar por escrito y ser amplia y, señalar que existirá consentimiento presunto del donante cuando en vida no haya dejado constancia expresa de la manifestación de su negativa a que después de su muerte su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Los legisladores expusieron que en México, el Centro Nacional de Trasplantes indica que existe una lista de 20 mil personas que requiere un órgano o tejido para mejorar su calidad de vida. De ellos, 12 mil requieren un riñón, 7 mil 300 una cornea, el resto necesita hígado, corazón, páncreas y pulmón.

Del año 2007 al 2015 hubo 49 mil 872 trasplantes, lo que en promedio por año da como resultado 5 mil 541 procedimientos. Sin embargo, al comparar el número de personas en espera con el número de trasplantes realizados en este año, la cifra refleja un déficit de aproximadamente 93.18 por ciento; es decir, de cada 100 personas que actualmente necesitan un trasplante, solo 6 lo han obtenido.

Bienestar y explotación animal

El diputado David Mercado Ruiz (PRI) presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, para indicar que se entenderá por bienestar animal el estado positivo en que la especie tiene satisfechas sus necesidades innatas de comportamiento, fisiológicas y de salud frente a cambios en su ambiente y libre de sensaciones de dolor, miedo o desasosiego y, definir el concepto de explotación animal.

Actualmente la sanidad animal constituye una de las prioridades para el gobierno mexicano. Por ello es importante perfeccionar la ley, incorporando la definición de explotación y modificar el término bienestar animal. Fue enviada a la Comisión de Ganadería.

Asistencia social a madres solas de hijos con discapacidad

Kathia María Bolio Pinelo, legisladora del PAN, propuso reformas al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con el propósito de precisar que serán sujetos de asistencia social las madres adolescentes o solas que tengan a su cuidado menores de edad con o sin alguna discapacidad, que les permita hoy tener tranquilidad y seguridad de que sus descendientes tendrán una mejor calidad de vida.

El Inegi señala que existen casi seis millones de personas con algún tipo de discapacidad en México país. Eso representa más del cinco por ciento de la población. Entre los pobres, las personas con discapacidad merecen una atención especial, porque sus circunstancias dificultan su desarrollo. Se mandó a la Comisión de Salud.

Lactario en centros de trabajo

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (PRD) planteó reformas a las leyes Federal del Trabajo, de Asistencia Social, la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 constitucional, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de indicar que será obligación de los patrones asegurar que en los centros de trabajo se cuente con lactarios como lugares privados, dignos e higiénicos destinados la lactancia materna o para realizar la extracción manual de leche.

Mencionó que cualquier madre que tenga una hija o hijo lactante, sin importar el régimen laboral, que ponga estado civil o edad, tiene derecho a usar el servicio de un lactario en su centro de trabajo. “Debemos aprobar las iniciativas que ayuden a las empleadas tanto solteras como madres”. Fue remitida a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Autonomía diferenciada de los pueblos y comunidades indígenas

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, legislador de Morena, propuso reformas al artículo 2 de la Constitución Política, para reconocer la autonomía diferenciada de los pueblos y comunidades indígenas; indicar que el Estado respetará este derecho en cada uno de los ámbitos en que éstos pueblos hagan valer dicha autonomía, sin menoscabo de la soberanía nacional; precisar que la misma, implicará el respeto de sus identidades, culturas y formas de organización social.

México necesita nuevos arreglos institucionales multiculturales que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el más pleno goce y ejercicio de su derecho a la autonomía. Estos deben otorgarles el gozo y ejercicio de decidir libremente la forma y el futuro de su cultura y su vida interna. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jornadas en servicios de salud

El legislador de Nueva Alianza, José Bernardo Quezada Salas presentó iniciativa que reforma los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer los derechos de los prestadores de servicio social, practicantes y residentes médicos de las instituciones de la salud en relación con los ciclos de descanso de los mismos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, los residentes de un turno en terapia intensiva que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36 por ciento más de errores considerados graves y equivocados, el diagnóstico hasta cinco veces más respecto a los que trabajaron turnos de 16 horas. “Las cifras demuestran que es momento de profundizar en el tema y hacer los cambios necesarios para garantizar la salud, tanto de profesionales médicos como de los pacientes”. Se mandó a la Comisión de Salud.

Uso de energía eléctrica

Juan Manuel Celis Aguirre, legislador del PVEM, planteó modificar el artículo 4 de la Constitución Política, para establecer que toda persona tendrá derecho a la utilización de la energía eléctrica de manera suficiente, equitativa y sustentable.

En México hay rezagos, pues muchos mexicanos aún no cuentan con energía eléctrica. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad en el país existen más de 500 mil viviendas sin electricidad. La erradicación de la pobreza implica que toda la población cuente con este insumo básico. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Igualdad de género y adquisiciones públicas

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) presentó tres iniciativas. La primera reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de fortalecer los derechos de las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios. Se canalizó a la Comisión de Igualdad de Género.

Otra, modifica el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de considerar a la violencia obstétrica como cualquier acción u omisión por parte del personal médico que cause un daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio; se exprese en la falta de acceso a servicios de salud sexual o reproductiva; signifique un trato cruel, inhumano o degradante, e involucre un abuso de la medicalización en los procesos biológicos naturales. Fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género.

La tercera, reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Su finalidad es fortalecer estos procedimientos en las dependencias y entidades. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Higiene escolar

Se envió a la Comisión de Salud una iniciativa de la diputada Mariana Trejo Flores (Morena) que modifica el artículo 66 de la Ley General de Salud, para precisar las acciones que realizarán las autoridades sanitarias en materia de higiene escolar, como el servicio médico escolar permanente en el interior de las escuelas, revisión periódica nutricional y la promoción correcta de la alimentación.

Los índices de embarazo en adolescentes, el consumo de drogas y alcohol, enfermedades de transmisión sexual, desórdenes alimenticios, propagación de epidemias, diabetes infantil, desnutrición y otro tipo de enfermedades que atentan contra la salud de nuestros niños y adolescentes siguen en aumento y sin control, a pesar de los programas que han sido dirigidos para hacer frente a estos problemas.

Salario mínimo

Jorge Álvarez Maynez, legislador de Movimiento Ciudadano, planteó reformas a la Constitución Política, y a las leyes Federal del Trabajo y la General de Desarrollo Social, para establecer que la fijación de los salarios mínimos se realizará tomando en consideración la línea de bienestar mínimo que fije el Coneval.

“Es inconcebible, inadmisible e increíble que en México la pobreza sea un asunto institucionalizado. El Coneval dice que la línea de bienestar equivale a 87 pesos diarios. México, en América Latina es el segundo país con el salario mínimo más bajo del subcontinente”. La propuesta se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Programación de presupuesto educativo

El diputado Carlos Gutiérrez García (Nueva Alianza) propuso modificar diversas disposiciones de las leyes General del Servicio Profesional Docente y la General de Educación, con el objetivo de indicar que será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública determinar la programación y presupuestación anual del gasto público destinado a los programas de Reconocimiento, Formación Continua, de Desarrollo de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de Liderazgo y Gestión y, resaltar que el Estado dispondrá de los recursos suficientes para la formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural del personal docente.

De acuerdo con el informe, “Los Docentes en México”, realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2013 se destinaron al sistema nacional de formación continua tan solo 366.12 millones de pesos para atender a más de un millón de docentes de escuelas públicas de educación básica, lo que significa un promedio real de 363 pesos con 91 centavos por maestro para sus actividades de formación continua y superación profesional. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tratados internacionales en materia económica

Del diputado Héctor Javier García Chávez (PRD), se conoció iniciativa que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política, para facultar al Congreso a aprobar los tratados internacionales que presente el Ejecutivo en materia económica.

Se busca precisar que la Cámara de Diputados tendrá la atribución de emitir dictamen de opinión a la Cámara de Senadores sobre el impacto que tendría la aprobación de dichos tratados y, precisar que el Senado deberá aprobar los tratados o convenios internacionales en materia económica, bilateral o multilateral, considerando el dictamen de opinión señalado. Fue canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Erogaciones presupuestales adicionales

La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una iniciativa impulsada por diversos diputados del PRD, que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativa a modificar el procedimiento para que el Ejecutivo federal realice erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entre lo propuesto, destaca: indicar el titular del Ejecutivo, por conducto de la SHCP, deberá solicitar autorización de la Cámara de Diputados para realizar dichas erogaciones, y señalar que parte de los excedentes de ingresos deberán destinarse a inversión en infraestructura pública, social y de equipamiento, dando prioridad a las entidades federativas y municipios con menor desarrollo económico y social.

Evaluación de impacto ambiental

El legislador Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD) propuso reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de fortalecer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Su propósito es indicar que el gobierno federal deberá aplicar dicha evaluación en la formulación de los programas sectoriales y especiales, así como en los planes; determinar que para la realización de obras y actividades cuando los programas y proyectos hayan sido sujetos a dicha evaluación, se requerirá la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, y precisar que dichas obras se abrirán a consulta pública en el proceso de evaluación. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estabilidad financiera

Alberto Martínez Urincho, diputado del PRD, planteó cambios al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de ampliar atribuciones del Ejecutivo federal, realizadas por conducto de la SHCP, en materia de estabilidad financiera.

Se busca señalar que podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades se manejen, temporal o permanentemente, de manera centralizada en la Tesorería de la Federación y, marcar que podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones correspondientes, reportando al respecto en los informes trimestrales. Fue mandada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Voluntad expresada en el testamento

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se remitió la iniciativa del diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del PVEM, que reforma las leyes de Instituciones de Crédito, de Uniones de Crédito y del Mercado de Valores, con el objetivo de que en el caso de que exista un testamento, lo plasmado en él, siempre deberá prevalecer por encima de lo estipulado por un cuentahabiente ante una institución bancaria, casa de bolsa o cualquier otra institución financiera.

El documento señala que la finalidad de establecer que la voluntad expresada en el testamento debe predominar frente a cualquier otro documento legal, ya que este tipo de instrumento tiene más validez y peso que cualquier otro, debido a su naturaleza y esencia jurídica.

Concesionarios ferroviarios

Los diputados Claudia Edith Anaya Mota y Omar Noé Bernardino Vargas, del PRI y PVEM, respectivamente, plantearon cambios al artículo 31 Bis 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para establecer que los concesionarios ferroviarios deberán invertir recursos suficientes e instaurar medidas como radares de velocidad y demás mecanismos que garanticen la seguridad en las zonas urbanas y metropolitanas por las que cruzan los ferrocarriles.

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá supervisar permanentemente que dichas acciones se cumplan en los términos que señala la Ley. Se mandó a la Comisión de Transportes.

Atención médica a población indígena con traductores de lenguas

Diputados del PRI y PVEM impulsan una iniciativa que reforma los artículos 10 y 51 Bis 1 de la Ley General de Salud y 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que la Secretaría de Salud incorpore personal que preste servicios como intérprete o traductor de lengua o lenguas indígenas para garantizar la atención médica a la población indígena.

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Salud y de Asuntos Indígenas, también establece que las autoridades de salud federal y estatales, garantizarán que la población indígena tenga atención médica integral mediante la presencia de personal incorporado al Sistema Nacional de Salud que preste servicios como intérprete o traductor de lengua o lenguas indígenas.

Prevenir y disminuir los riesgos por factores antropogénicos

Por su parte, la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) propuso cambios a la Ley General de Protección Civil, a fin de contribuir a prevenir y disminuir los riesgos por factores antropogénicos.

La reforma, remitida a la Comisión de Protección Civil, plantea establecer que para el caso de los riesgos provocados por el servicio ferroviario en zonas urbanas y metropolitanas, la Coordinación Nacional y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, implementarán medidas a fin de reducir los riesgos mediante políticas públicas en las zonas urbanas y metropolitanas.

Alimentos envasados

El diputado Héctor Javier García Chávez (PRD) planteó reformar disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado, y General de Salud, con el objetivo de incentivar el aprovechamiento de los alimentos envasados en acciones de combate al hambre.

La iniciativa, remitida a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, establece que quienes transfieran o entreguen alimentos envasados adquiridos para su venta al consumidor a organizaciones de la sociedad civil acreditadas como donatarias autorizadas por la autoridad hacendaria o bien, por cuya operación no medie pago alguno, acreditará hasta dos terceras partes del IVA pagado por dichos alimentos.

RED/LSN