Palacio Legislativo, 04-04-2016 (Notilegis).- El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, propuso una iniciativa para sancionar a quienes hagan llamadas de emergencia falsas, debido a que "provocan pérdidas millonarias para las instituciones".

Su propuesta plantea modificar las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de Coordinación Fiscal, para sancionar a las personas que realicen llamadas que denuncian hechos falsos y entorpezcan la movilización de corporaciones encargadas de brindar apoyo ante situaciones de emergencia.

“La iniciativa establece una sanción económica de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como consecuencia del efecto económico que genera la movilización de unidades de emergencia”, puntualizó en un comunicado.

El diputado priista señaló que, de acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, la movilización de vehículos y personal por una llamada falsa, puede ocasionar pérdidas de hasta 40 mil pesos por alerta, además de que se pone en riesgo la integridad física del personal y el parque vehicular.

Indicó que de los 90 millones de llamadas que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en 2015, el 75 por ciento fue simulación.

El documento para reformar dichas leyes se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

En otra iniciativa, Montoya Díaz planteó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de que el Estado mexicano garantice el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas y los niños.

El objetivo, dijo, es “crear un mecanismo interinstitucional encargado de atender los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica; la detección de estas anomalías, serán turnadas a la Procuraduría de Protección del Menor, para su investigación, atención y seguimiento de tales casos”.

La iniciativa que reforma el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez.

HSF/JGM