Palacio Legislativo, 01-04-2016 (Notilegis).- En México operan dos mil cajas de ahorro sin regulación, las cuales han defraudado a cerca de 300 mil personas, pero sólo 280 han sido denunciadas por ilícitos que ascienden a más de 25 mil millones de pesos, aseguró la diputada Edith Yolanda López Velasco (PRI).

La legisladora indicó que por ello propuso una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política, a fin de otorgar facultades a los municipios para proporcionar o negar licencias y permisos para el funcionamiento de entidades financieras, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los municipios son la primera instancia ante quienes acuden las empresas para iniciar operaciones, apuntó en un comunicado.

López Velasco argumentó que esos organismos financieros funcionan sin regulación, inscripción o autorización alguna de la CNBV.

“Entre las entidades más afectadas están: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, en especial municipios con bajo nivel educativo y sin conocimiento mínimo de los sistemas financieros”, añadió.

La diputada priista aseveró que ante la insuficiente presencia de la banca comercial en diversas entidades (alrededor del 87 por ciento de los municipios del país carece de estos servicios), los productos son ofrecidos principalmente por empresas financieras no bancarias.

Sostuvo que estas empresas financieras aprovechan la falta de supervisión de la CNBV, para atentar contra el patrimonio de los ahorradores.

Precisó que Oaxaca es la primera entidad a nivel nacional en número de defraudados por cajas de ahorro, con aproximadamente 55 mil personas, en especial en regiones como la Mixteca, la Costa, el Istmo y los Valles Centrales.

La legisladora destacó que el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), informó que en mayo de 2014 registró que existen 663 cooperativas, 135 autorizadas a nivel nacional.

En el caso de Oaxaca, sólo seis operan con autorización por la CNBV, es decir, 4.4 por ciento de las sociedades cooperativas.

Este vacío legal es aprovechado por las entidades financieras para sorprender a autoridades municipales, las cuales por desconocimiento, negligencia, omisión y responsabilidad de su actuación, otorgan permisos para que operen, sostuvo.

Dijo que la iniciativa que presentó fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

JGM