Palacio Legislativo, 13-05-2015 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, calificó como “insultante” la fianza de siete millones de pesos fijada a jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, detenidos tras los incidentes registrados el pasado fin de semana.

En un comunicado de prensa, advirtió que esta fianza tiene como objetivo intimidar a quienes se pretendan organizar para defender sus derechos.

El pasado sábado jornaleros del Valle de San Quintín y elementos de seguridad del estado se enfrentaron luego de que los primeros intentaran quemar parcelas y la delegación municipal; tras los disturbios tres campesinos fueron detenidos y se les fijó una fianza de siete millones de pesos a cada uno de ellos.

La fianza “tiene como objetivo criminalizar y tratar de frenar con miedo la protesta e inconformidad de los jornaleros en demanda de un mejor salario y seguridad social”, consideró el legislador perredista.

Señaló que la mayor parte de los jornaleros de San Quintín proceden de Oaxaca, Guerrero y otras entidades del país como parte de un fenómeno de migración interna e incluso algunos tienen de 25 a 30 años viviendo en la región con sus familias.

“Es un fenómeno de movimiento poblacional en búsqueda de alternativas, de empleo y de mejores condiciones de vida”, expuso.

Enfatizó que “la explotación que durante años han sufrido los jornaleros, indiscutiblemente ha enriquecido a empresarios agroindustriales, exportadores, dueños y capataces de los ranchos”.

Alonso Raya indicó que es “lógico que los jornaleros reaccionen y que busquen la manera de organizarse y pidan la elemental cantidad de 200 pesos diarios por jornal, y eso es estar haciendo un reclamo primario frente a una jornada extenuante de prácticamente todo el día en los campos”.

Sin embargo acusó que la respuesta a estas demandas por parte de la autoridad local, “con la complicidad de la autoridad federal, es la represión, el encarcelamiento y la intimidación; y eso no puede ser, eso es un absurdo, un insulto a la inteligencia y una violación flagrante y manipulación de la ley”.

Subrayó que se debe poner en libertad a los jornaleros detenidos, sin ninguna condicionante y abrir las mesas de diálogo para construir los acuerdos necesarios que atiendan sus peticiones.

“La obligación de la autoridad es tutelar los derechos de los trabajadores”, dijo.

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