Palacio Legislativo 30-05-2014 (Notilegis).- Diputados del PRD, MC y PT se congratularon por la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en favor de la reparación del daño a Jacinta Francisco Marcial y exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplirla de inmediato.

Jacinta fue acusada en 2006 junto con otras dos indígenas otomíes de secuestrar a seis agentes federales en Querétaro, fue condenada a 21 años de prisión, sin embargo, fue liberada a los tres años de su reclusión.

Los legisladores federales exhortaron “respetuosamente al titular de la PGR a que acate esta resolución, así como las correspondientes a los casos de Alberta y Teresa, gestionando sin demora la indemnización correspondiente”.

“No hay excusa de carácter fiscal o presupuestario que valga para evadir la obligación de destinar recursos necesarios a la reparación integral”, afirmaron mediante un comunicado Elena Tapia Fonllem (PRD), Carlos de Jesús Alejandro (PRD), Fernando Zárate Salgado (PRD), Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Loretta Ortiz Ahlf (PT).

Agregaron que reconocen a Jacinta, a Alberta, a Teresa y al equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por su empeño y su constancia a favor de justicia. “Eso permite sentar los precedentes y la jurisprudencia necesarios para comenzar con la materialización del nuevo paradigma de derechos humanos”.

En agosto de 2006, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas ñañú, quienes se desempeñaban como vendedoras en la vía pública, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes federales en el Estado de Querétaro.

Durante su proceso, donde se les condenó a 21 años de prisión, se violaron sus garantías judiciales, en particular su derecho a contar con un intérprete en su idioma: el ñañú u otomí.

En septiembre de 2009, tras pasar tres años en prisión, Jacinta fue liberada.

El pasado miércoles el Tribunal reconoció la inocencia de Jacinta respecto a los delitos que se le imputaron y con ello explícitamente delineó los derechos que debían observarse en su caso como mujer indígena.

AMR