Palacio Legislativo, 09-04-2014 (Notilegis).- Tres millones de mexicanos, de los siete millones registrados en pobreza extrema y alimentaria, tienen una condición diferente por la aplicación de programas sociales, afirmó el coordinador de delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Pedro De León Mojarro.

Entre esos programas figuran la tarjeta Sin Hambre, del impulso de los huertos familiares, de nutrición y alimentación, así como el esfuerzo del Sistema DIF en estados y municipios, indicó el funcionario durante una reunión en San Lázaro con la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI).

Sin embargo, el funcionario federal reconoció que no se debe cantar victoria todavía y decir que tienen su alimentación asegurada, pero –insistió- sí hay una situación totalmente distinta.

Subrayó que la intención es que en 2014 se concrete el aseguramiento de la alimentación, “no sólo de los tres millones con los que avanzamos en 2013, sino de los siete que son los que más lo necesitan”.

Dijo que Sedesol busca avanzar en un programa único integral para acabar con la política social dispersa, desarticulada y desintegrada, “donde el gobierno federal andaba por su lado, los gobiernos estatales y los municipios tenían sus programas propios, y todo mundo andaba por su lado, con la única constante de la pobreza en ascenso”.

También se impulsa un sistema único de indicadores “para acabar con el discurso de los muchos miles de millones de pesos gastados –que no invertidos— en política social, pero con nulos resultados”.

De León Mojarro aseveró que ahora la nueva política social es rigurosa y estricta, para que cada peso que se gaste tenga resultados en un indicador específico”, puntualizó.

También, se busca desarrollar un padrón único nacional, estatal y municipal para acabar con la dispersión y situaciones en las que una familia conjuga todas las prestaciones y programas de la Sedesol y otras dependencias, mientras que muchas otras se quedan con cero apoyos.

Asimismo, establecer un sistema de evaluación y seguimiento, en manos de los gobiernos estatales y municipales, “para no ser nosotros los instrumentadores de las políticas y autoevaluarnos”, como elemento de apoyo y presión para responder a las necesidades de la población que más lo necesita.

RED/JGM