Palacio Legislativo, 20-02-2014 (Notilegis).- Los diputados Ricardo Anaya Cortés (PAN), Silvano Aureoles Conejo (PRD) y José Luis Muñoz Soria (PRD) coincidieron en la necesidad de crear a la brevedad un organismo autónomo que asista en la fiscalización de los recursos públicos mediante procedimientos sancionatorios.

Durante la entrega del informe de resultados de la Cuenta Pública 2012, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, insistió en que México requiere un tribunal sancionatorio independiente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los entes auditados.

Subrayó que la Comisión de Puntos Constitucionales ya analiza la minuta remitida por el Senado por el que se crea la Comisión Nacional Anticorrupción, lo que será un paso serio y audaz en el fortalecimiento de la transparencia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Silvano Aureoles Conejo, señaló que la fiscalización en México aún sigue presentando resultados insuficientes debido a que no existen instrumentos para que las observaciones generen sanciones.

“La sociedad sigue demandando mayor transparencia en la rendición de cuentas y resultados (…) aun con los avances, todavía no se tienen todos los instrumentos para que de las observaciones se pueda transitar a las sanciones”, dijo.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria (PRD), expresó la necesidad de contar con un sistema nacional de fiscalización, con capacidad técnica, infraestructura, procesos modernos y cuadros técnicos profesionales, que permitan tener una efectiva evaluación de políticas públicas y de redición de cuentas.

Afirmó que el reto de la Auditoría Superior de la Federación en las próximas revisiones de la Cuenta Pública será determinar, mediante estudios retrospectivos, la viabilidad en eficiencia presupuestal de los enfoques descentralizados.

Además de lograr aplicar una fiscalización orientada a evaluar el resultado y alcance de las políticas públicas, impulsar el cumplimiento de los objetivos de los fondos que define la ley a combatir y revertir la incidencia de las irregularidades para lograr “una inercia virtuosa de mejora en la aplicación de los recursos públicos.”

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