Palacio Legislativo 12-02-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para ampliar las funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y fomentar la educación básica y capacitación para adultos en dependencias de los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como en entidades públicas o privadas.

El documento, avalado por 399 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, surge de una iniciativa del diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN), presentada en abril de 2013, y se turna al Senado para su eventual ratificación.

La reforma busca disminuir el rezago educativo de los servidores públicos y de la población abierta que se pueda atender en plazas comunitarias, círculos de estudio o puntos de encuentro que se acondicionen para este fin.

En las consideraciones, se expone que la población que cuenta con más de 15 años cumplidos, se acerca a 84 millones. De ellos, cinco millones 214 mil 722 son analfabetos, 10 millones 132 mil 740 no tienen la primaria terminada y 16 millones 992 mil 124 no han concluido la secundaria.

Se destaca como uno de los motivos más importantes de estos datos el desinterés por concluir el nivel de una buena parte de adultos, que se sustenta entre otras causas, en la creencia de que estudiar “significa perder el tiempo, porque la etapa para educarse ya pasó”; lo cual afecta su desarrollo y calidad de vida.

“Esta propuesta está encaminada a detonar los elementos necesarios para lograr que el rezago educativo en el sector público, se vea seriamente atendido, pretendiendo que al contar con servidores públicos con un mayor nivel de profesionalización, el pueblo de México puede avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida de forma constante y permanente”, asegura el diputado.

El dictamen señala, mediante artículos transitorios, que la SEP y autoridades locales deberán llevar a cabo un diagnóstico inicial para la identificación de la población objetivo de estos servicios, en un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, mismo que deberá actualizarse cada año.

Para los programas de educación básica para adultos, la SEP, conjuntamente con las dependencias de los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades públicas y privadas, deberán establecer los plazos y las metas para lograr los objetivos que se fijen.

Estas acciones se realizarán de acuerdo con los diagnósticos señalados en el artículo transitorio anterior, tomando en consideración las asignaciones presupuestales previstas para ello.

Asimismo, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar facilidades necesarias para que los servidores públicos, que se encuentran en rezago educativo, puedan concluir su enseñanza básica.

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